Para reconstruir el Líbano y su economía, erradicar la corrupción

El 4 de agosto, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia causó estragos en Beirut. Se perdieron casi 200 vidas y más de 6.000 personas resultaron heridas. Se estima que 300.000 personas se quedaron sin hogar instantáneamente. La explosión arrasó hogares, escuelas, instalaciones médicas y el puerto de Beirut, que suministra casi el 85 por ciento de los alimentos del país. Los esfuerzos de ayuda humanitaria ya están en marcha, pero la reconstrucción a más largo plazo llevará años. Para que el Líbano se recupere realmente, el país y sus socios internacionales deberán abordar algo más insidioso que la explosión: la corrupción.

El Líbano ya estaba al borde de una crisis humanitaria. En 2019, el colapso económico del país arrojó a cientos de miles de personas a la pobreza y exacerbó una tasa de desempleo que ya estaba en aumento, especialmente entre los jóvenes. La pandemia de COVID-19 y el posterior bloqueo agravaron aún más las dificultades, incluso para más de un millón de refugiados sirios.

Los donantes y las agencias de ayuda internacional han lanzado una intervención humanitaria para ayudar a la población a hacer frente. Pero el esfuerzo enfrenta un desafío significativo: cómo canalizar cientos de millones, si no miles de millones, de dólares en ayuda sin que sea desviada por la corrupción.

Durante décadas, Líbano ha sufrido una corrupción sistémica que llevó al país a la bancarrota. Muchos libaneses responsabilizan a los líderes políticos del colapso económico del país y, hoy en día, muchos consideran que la explosión del puerto es un ejemplo más de negligencia. Varios informes dejan en claro que los funcionarios libaneses sabía de la presencia de estos materiales letales durante años y no actuó.

A diferencia del pasado, los donantes occidentales parecen desconfiar de las estrategias de asistencia tradicionales que dependen del gobierno libanés. “Si no se llevan a cabo las reformas, el Líbano seguirá hundiéndose”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

John Barsa, de USAID, dijo con firmeza: “Nuestra ayuda no va en absoluto al gobierno. Nuestra ayuda va a la gente del Líbano”.

Para limitar las oportunidades de corrupción, muchos donantes están apostando en gran medida a que la ONU encabece los esfuerzos de ayuda de emergencia. Sin embargo, esta ruta no está exenta de desafíos. Algunos observadores del Líbano han expresado su preocupación por la influencia indebida del régimen de Assad en las operaciones de ayuda de la ONU en Siria. En el Líbano, la ONU y otras agencias de ayuda se han asociado en el pasado con entidades libanesas ahora asociadas con la corrupción, como el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción (CDR), un “socio clave de la ONU en el Líbano”, o con ONG fundadas por o vinculado a miembros de la élite política.

Para abordar estos temores, las organizaciones de ayuda internacional deben reafirmar su independencia de la élite política del Líbano. Por ejemplo, las agencias de la ONU deberían ejercer un mayor escrutinio cuando se asocian con organismos gubernamentales o no gubernamentales. También deben esforzarse por fortalecer la transparencia en torno a la entrega de ayuda. Tales medidas podrían incluir la publicación periódica y oportuna de los presupuestos de los programas y los datos de distribución de la ayuda; un plan de comunicación y diálogo formal con los beneficiarios de la ayuda; y personal dedicado a monitorear la entrega de ayuda. De hecho, es posible que algunos de estos pasos ya estén en marcha.

En segundo lugar, las agencias de ayuda internacional deben empoderar a la sociedad civil libanesa en el esfuerzo de ayuda. Afortunadamente, Líbano ya tiene un panorama sólido de activistas y grupos locales dedicados a las necesidades de los vulnerables. Además, el año pasado surgieron nuevas redes de base durante la implosión económica del país, y la explosión provocó una oleada de movilización ciudadana. Los donantes y la ONU deberán priorizar el flujo de recursos a estos grupos e incluirlos en la toma de decisiones. El Fondo de Respuesta del Líbano de la ONU asignó aproximadamente una cuarta parte de su dinero a través de ONG locales en 2019. Si bien es impresionante, esa participación local deberá crecer. Por último, la sociedad civil libanesa debería tener un papel más importante con respecto a la supervisión y la rendición de cuentas.

En tercer lugar, los donantes y las instituciones financieras internacionales (IFI) deben abordar la corrupción como parte de un esfuerzo de reconstrucción más amplio. El Banco Mundial estima que Líbano necesitará hasta $ 2 mil millones para recuperarse. Afortunadamente, parece que se está tomando en serio el tema de la corrupción y pide una serie de medidas anticorrupción como parte del proceso de reconstrucción. Estos incluyen una nueva comisión nacional anticorrupción y un llamado al Líbano para que se una a la Alianza para el Gobierno Abierto. El Banco también ha planteado la idea de un nuevo tipo de mecanismo de financiación que podría canalizar recursos directamente a las ONG dedicadas a la recuperación.

Todos estos serían pasos en la dirección correcta. Sin embargo, los donantes bilaterales y multilaterales seguirán necesitando una contraparte gubernamental libanesa legítima con quien hacer negocios. Esto es particularmente cierto para el Fondo Monetario Internacional (FMI) con quien las conversaciones se han estancado sobre un rescate para la economía del Líbano. Sin duda, abordar este dilema requerirá un pensamiento innovador.

Cualquier programa de reforma real, uno que desarraigue la arraigada corrupción del Líbano, enfrentará una gran resistencia por parte de la élite. Pero a medida que el mundo obtiene apoyo para el pueblo del Líbano, no puede perder de vista este objetivo si la ayuda va a llegar a quienes la necesitan.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.

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